El Impuesto global del 2% a multimillonarios que podría cambiar el panorama económico para México

La propuesta de Lula da Silva de gravar con un 2% las grandes fortunas busca movilizar recursos que ayuden a reducir la desigualdad global y financiar proyectos sostenibles. Si bien esta idea, presentada durante la reciente cumbre del G20, ha generado debates intensos, su implementación podría marcar un antes y un después en la política fiscal internacional.

A nivel global, el impuesto podría recaudar cientos de miles de millones de dólares al año, dado que el 1% más rico del mundo concentra más de la mitad de la riqueza global. Estos recursos podrían destinarse a infraestructura verde, programas educativos y salud en países en desarrollo, ayudando a abordar desafíos como el cambio climático y la pobreza. Sin embargo, implementar un impuesto de esta naturaleza enfrenta obstáculos considerables. Algunos países, especialmente aquellos que albergan grandes fortunas, podrían resistirse, argumentando que dañaría la competitividad económica o incentivaría la evasión fiscal mediante la fuga de capitales hacia paraísos fiscales.

Para México, este escenario presenta oportunidades y retos. En caso de que la propuesta sea adoptada globalmente, el país podría beneficiarse al participar en acuerdos multilaterales que canalicen fondos hacia proyectos de desarrollo sostenible. México podría fortalecer sectores estratégicos como las energías renovables y la manufactura verde, consolidando su posición como un destino atractivo para la inversión extranjera en tecnologías limpias. Por ejemplo, los fondos generados por este impuesto podrían financiar proyectos de electrificación rural o infraestructura para autos eléctricos, impulsando el crecimiento económico con un enfoque sustentable.

No obstante, si México decidiera implementar un impuesto similar de forma independiente, enfrentaría riesgos. La fuga de capitales hacia jurisdicciones con menor carga fiscal podría ser un problema significativo, erosionando la base tributaria. Para evitar esto, sería clave garantizar un marco transparente y competitivo, acompañado de incentivos que promuevan la inversión local. Además, sería necesario abordar problemas estructurales como la corrupción y la ineficiencia administrativa, que podrían obstaculizar la canalización adecuada de los recursos recaudados.

El impuesto global del 2% plantea una reflexión más amplia sobre cómo los países pueden equilibrar la necesidad de recursos para el desarrollo con la competitividad económica. Para México, este debate ofrece la oportunidad de posicionarse como un actor clave en la transición hacia un sistema económico más equitativo y sostenible, siempre que logre diseñar políticas que fomenten la cooperación internacional y protejan sus intereses nacionales.